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La iniciativa que comenzó en noviembre gracias al impulso de cientos de ex-presos y ex-presas, arrivó a Iruñea en la semana navideña para servir como elemento que active socialmente la lucha popular para sacar a todos y todas las presas políticas vascas a la calle cuanto antes. Para lograr este fin es necesaria la activación de la calle, es imprescindible trabajar para que todas las presas y presos que siguen encarcelados puedan hacer su aportación fuera de prisión en favor de la paz, la democracia y la libertad. Y es que ha llegado el momento de comenzar el ejercicio mental de imaginarnos un pueblo sin presos ni presas.

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En Iruñea, más de veinte personas están llevando a cabo un encierro en dependencias de la parroquia de San Lorenzo, que ha cedido sus locales. Y en estas estamos cuando el señor párroco de dicha parroquia, Javier Leoz (lo de don se lo dejo a armarios y fariseos, que yo a Javier le conozco desde hace muchos años) se ha visto en la imperiosa necesidad de salir públicamente explicando dicha cesión a la iniciativa. Dice el nuevo párroco (tras la huída, todavía sin explicar, del párroco anterior) que “un recinto sagrado no es el más adecuado para este tipo de iniciativas”, que “el conflicto es con una institución cívica”, que la cesión no ha sido obra suya si no que “ha seguido los consejos del Arzobispado” y que “la parroquia cerrará los locales a la hora convenida”. Además, a modo personal, hace una valoración cuando señala que “un ámbito tan alérgico a todo lo eclesial y tan proclive al laicismo más enconado, recurra para este tipo de acciones a un lugar tan emblemático y católico como es San Lorenzo y la capilla de San Fermín”.

Y en estas estamos cuando el mendas, que ha recibido educación católica y ha participado en grupos cristianos en la adolescencia y primeros años de juventud, le da por hacer una reflexión al respecto. No voy a entrar en los elementos que produjeron y producen mi indiscutido alejamiento de esta religión, la mayoría de ellos relacionados con las posiciones de la institución eclesial, la hipocresía en todo lo referido a las libertades personales y el papel que dicha institución ha jugado en Navarra para sostener al Régimen pro-español y anti-ciudadano. Hoy es el día en que tengo muchas amistades que profesan dicha fe, desde curas a seglares, todos ellos y ellas dignos de mi más sincera admiración y buena parte de ellas ejemplo de personas coherentes, justas y solidarias.

Dice el párroco que su parroquia no es el mejor sitio para hacer esas iniciativas y me viene a la cabeza el pasaje de Jesús expulsando a mercaderes y fariseos del templo y es que, señor Leoz, para iniciativas inadecuadas la propia institución eclesial ha desarrollado y desarrolla muchas de ellas hoy en día. Es en ese pasaje en el único en el que aparece un Jesús fuera de sí y molesto, llegando a utilizar el látigo para echar a los fariseos. En cambio, en uno de los pasajes más hermosos de todos los evangelios, en el sermón de la montaña, se refiere a quienes tienen “hambre y sed de justicia” como bienaventurados. Es más, llama “hijos de Dios” a “los que trabajan por la paz”. Se da cuenta el señor párroco que lo que persigue esta iniciativa es, precisamente, eso? Dudo que lo haga, pues, como he dicho al principio de la reflexión, la Iglesia en Navarra, como cualquier otra institución, sigue la senda de las personas que llevan sus riendas y en este caso, desde hace muchos años, la práctica totalidad de la jerarquía eclesial navarra ha servido a los intereses del Régimen, del Sistema y del Establishment.

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El conflicto no es con ninguna institución, es el conflicto que tenemos sin resolver en esta tierra, desde hace décadas, siglos. De ahí la iniciativa de impulsar la activación social para lograr avanzar en este sentido. Y la Iglesia debería formar parte de esta iniciativa, como en otras ocasiones y con otros “problemas civiles” lo ha hecho. Si se posiciona y moviliza ante el hambre en el mundo, el matrimonio gay, el aborto e incluso da consejos para ejercer el voto a determinados partidos, ¿por qué no va a posicionarse ante un tema como este? No, no es un problema de instituciones civiles únicamente, es una cuestión que tenemos que abordar y solucionar entre todas y todos.

Y quizás, una de las cosas que más me ha llamado la atención es cuando habla de la alergia de este ámbito a todo lo eclesial y su laicismo más enconado. Cuando dice este ámbito, ¿a cuál se refiere? ¿Al que diferencia el aspecto religioso del civil? ¿Al que denuncia posiciones de la jerarquía eclesial? ¿Al que defiende que se terminen con los privilegios económicos de la Iglesia Católica? ¿O es que seguimos con la cantinela del “rojo y separatista”? Por cierto, el párroco es conocedor de una cuestión que creo necesaria exponer para que todo el mundo sea consciente. Ese lugar “tan católico y emblemático” como es la Capilla de San Fermín, es de titularidad municipal. Es decir, se pagó con el erario público hace poco más de 300 años y de hecho, fue tal el desembolso que, incluso, se tuvieron que suspender las fiestas en honor a dicho santo durante años. Por lo tanto, por mucho que lo gestione la parroquia, ese lugar es tan suyo como mío o de cualquier vecino de la ciudad… A no ser que lo hayan inmatriculado, cosa que, por otro lado, tampoco sería tan extraño.

Vuelvo al principio. Mis amigas y amigos que siguen creyendo, no dudo que con dificultades, en una fe representada y dirigida por una institución como la actual Iglesia, siguen practicando el VER, JUZGAR y ACTUAR para llegar a la UTOPÍA. Hoy es el día en que determinadas personas y dirigentes de la Iglesia Católica siguen sin ver lo qué ocurre, juzgan con leyes sectarias y actúan en base a los intereses de quien les paga. Esa gente sigue sin creer que la utopía es posible en este mundo, que el cielo hay que hacerlo real en esta tierra y que el Paraíso lo tenemos aquí mismo, pero desgraciadamente lo tienen unos pocos.

Quizás haya gente a la que le sorprenda el sentido de esta reflexión. Quizás haya quien diga que no tengo derecho a hablar en estos términos cuando ya no participo de esa fe. Quizás alguno preferiría que estuviese en silencio. Hablo y escribo porque me duele la situación de cientos de presas y presos encarcelados a cientos de kilómetros de sus casas, que han hecho una apuesta colectiva por la resolución del conflicto, que tienen mucho que aportar en el proceso que, como personas y como pueblo, queremos desarrollar hacia la paz, la democracia y la libertad. Por eso me duele sobremanera que haya personas, con cierto nivel de representatividad, que hablen tan a la ligera y con tan poco fundamento de algo tan serio e injusto como es la situación de las presas y presos políticos vascos y su directa incidencia en dicho proceso. Por eso hay que seguir trabajando para que la mayoría social continue luchando por los derechos de estas presas y presos y para que, cuanto antes, puedan estar en la calle trabajando en favor del proceso. KALERA KALERA!!!

alcaldes por la excarcelación de presos y presas enfermas

Hoy los alcaldes de Donostia, Eneko Goia, Iruñea, Joseba Asiron, Gasteiz, Gorka Urtaran y Errenteria, Julen Mendoza, han hecho pública una carta en la que piden la excarcelación de las presas y presos enfermos y para quienes tienen más de setenta años.

Si bien es verdad que el fin de las medidas de excepción que se aplican a las presas y presos políticos vascos vendrá a través de la movilización y el compromiso popular, no es menos cierto que una declaración firmada por cuatro alcaldes de Hego Euskal Herria, siendo dos del PNV y dos de EH Bildu, tiene un eco mediático importante. Sirve, en primer lugar, para dar a conocer y socializar la situación de estas personas presas, y lo segundo, para, políticamente, impulsar el compromiso social para la solución de esta situación y finalmente para situar la necesidad urgente de terminar con la política vengativa e inhumana del Estado español contra las presas y presos vascos en la agenda de este pueblo.

Más allá de las críticas que se puedan hacer a alguno de los partidos de los que forman parte los alcaldes firmantes, la virtud de esta carta es la sinergia desde posiciones políticas diferentes para buscar solución a una situación que no puede alargarse más en el tiempo.

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Esta es la carta íntegra:

POR LA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD GRAVEMENTE ENFERMAS

Los que suscribimos el presente escrito lo hacemos desde una firme convicción que compartimos: la defensa de todos los derechos humanos de todas las personas. Derechos de los que todas las personas somos titulares, también aquellas privadas de libertad.

Además, nos une a los cuatro alcaldes de diferente ideología el hecho circunstancial de contar en nuestros municipios con personas presas que se encuentran gravemente enfermas, o aquellas otras que ya han superado los 70 años de edad. Son estas circunstancias, y el hecho de que sus derechos no están siendo respetados, las que nos llevan, en ejercicio de nuestra responsabilidad y desde una óptica estrictamente humanitaria, a trasladar nuestra posición y a solicitar la excarcelación de estas personas, así como de cuantas otras se pudieran encontrar en la misma situación.

Cuatro son las razones que nos llevan a sostener esta posición: la primera, el respeto a la dignidad de las personas, incluida la de aquellas que se encuentran en una situación de privación de libertad. Creemos en una sociedad donde los poderes públicos sean los veladores del respeto a la dignidad humana de todas las personas, porque creemos que una sociedad que vulnera el principio máximo de la dignidad humana es una sociedad quebrada en lo humano y con enormes carencias democráticas. El mantenimiento en prisión de una persona gravemente enferma e incurable sin las debidas condiciones para el tratamiento de su enfermedad atenta contra la dignidad de esa persona.

La segunda de las razones reside en nuestra posición firmemente contraria a la aplicación de penas inhumanas, no solamente en su establecimiento o fijación, sino también en el devenir de su ejecución. La permanencia de una persona gravemente enferma e incurable en una situación de privación de libertad no solo supone romper el principio del respeto a la dignidad humana, sino también supone en muchos casos una doble pena sobre la persona, porque el sufrimiento, y por ende el castigo sobre esta persona privada de libertad, crece exponencialmente en comparación con cualquier otra persona recluida.

La tercera, el estricto cumplimiento de la legalidad aplicable a estas situaciones, y que en estos casos no se está produciendo por consideraciones que exceden el ámbito de lo estrictamente jurídico.

Y por último, creemos que la denegación de la excarcelación de una persona presa gravemente enferma e incurable rompe el principio de la resocialización de la pena privativa de libertad. La memoria anual de la Fiscalía General del Estado de 1991 señalaba que en los supuestos de enfermedad grave e incurable «las penas privativas de libertad ya no pueden cumplir su fin primordial de procurar la reinserción social del penado». Solo la función punitiva y de castigo de la pena puede explicar la presencia en prisión en situación de preagonía, carece de sentido orientar a la reinserción a quien solo hubiera de salir de prisión para agonizar y morir.

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Dicho esto, este principio de resocialización adquiere todavía una mayor dimensión en una situación de construcción de la paz y de la convivencia en la sociedad vasca. Sin duda alguna, y desde una perspectiva política, porque ayuda a la consolidación de la paz y elimina sufrimiento innecesario que solo hace dificultar la construcción de una nueva sociedad.

Pero también, y desde una perspectiva jurídica, porque han desaparecido las razones que la Administración del Estado pudiera entender de riesgo para la seguridad ciudadana, y porque el derecho no puede abstraerse de esa nueva realidad social, y se ha de interpretar de acuerdo a ella. Por tanto, no debiera existir impedimento político ni legal alguno para la excarcelación de las personas presas con enfermedades graves e incurables y aquellas que han cumplido los 70 años de edad.

Finalizamos manifestando nuestro firme compromiso por seguir trabajando no solamente por la defensa de todos los derechos humanos para todas las personas, sino también por responder a ese anhelo de la sociedad de construir un nuevo escenario democrático, de paz y convivencia.